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El Consejo de Ministros ha aprobado el plan de desarrollo de la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, una norma que establece el derecho de personas y empresas a relacionarse de forma electrónica con las entidades públicas.

Ley de acceso electrónico

La Ley, que marca el 31 de diciembre de 2009 como fecha límite para que todas las Administraciones públicas ofrezcan de forma electrónica los servicios que prestan, agrupa en una norma común toda la regulación relacionada que hasta ahora se encontraba dispersa, consolida un régimen común de garantías y derechos de ciudadanos y empresas, y adapta el marco jurídico a la realidad tecnológica actual.

Entre otros derechos, la Ley garantiza:

-Que los ciudadanos elijan el canal a través del que se relacionan con las administraciones públicas (oficina, teléfono, Internet, etcétera).
-Que los ciudadanos no tengan que aportar datos que ya estén en poder de las Administraciones y que, cuando sea necesario, la puedan remitir en formato electrónico.
- Que los ciudadanos puedan conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que se encuentren inmersos.
-Que los ciudadanos puedan obtener copias electrónicas de los documentos oficiales.
-Que la relación electrónica con las Administraciones pueda desarrollarse a través de cualquier tecnología.
-Que las distintas Administraciones puedan operar e intercambiar datos entre ellas.

Esta Ley fomenta también la proactividad, favoreciendo el que sean las Administraciones las encargadas de avisar a los ciudadanos de la necesidad o posibilidad de realizar un determinado trámite y de ofrecer los documentos precumplimentados para que éstos, siempre que sea posible, sólo tengan que aceptar o modificar el ofrecimiento que realice la Administración. Además, todos los servicios respetarán las normas existentes en materia de accesibilidad, neutralidad tecnológica e idiomas cooficiales.

Por último, la norma establece un nuevo modelo de acceso a los servicios públicos tanto a través de los puntos propios de cada Departamento, como a través de un punto de acceso global, de forma que no sea necesario que el ciudadano tenga que conocer la estructura interna de la Administración para poder utilizarlos.

Con todo esto se logrará, además, ganar productividad en el funcionamiento de las administraciones públicas y el ciudadano recibirá mejores servicios que costarán menos a las administraciones.

Plan de actuación

Para adaptarse a este escenario y cumplir con el plazo establecido, el Gobierno ha diseñado un plan de actuación para su ámbito de competencia: la Administración General del Estado.

Este plan sostiene su estrategia en cuatro líneas de trabajo que establecen un total de 21 medidas:

1.- Orientar los servicios públicos hacia los ciudadanos. Uno de los principales cambios que introduce la Ley es que, a partir de ahora, son las Administraciones las que se tienen que preocupar por adaptarse a las necesidades de los ciudadanos y no al revés. Para ello se prevé mejorar el acceso a los servicios públicos con el fin de que sean más fáciles de usar, más seguros, más innovadores. Además, la Ley establece que la comunicación sea bidireccional, de tal manera que los ciudadanos puedan participar activamente en las actuaciones administrativas.

Para alcanzar este objetivo se interconectarán los servicios de información administrativa de los Departamentos ministeriales y de los organismos públicos, creando una red de información única.

El acceso electrónico a los servicios públicos se ampliará creando puntos de accesos globales y ventanillas únicas sectoriales que hagan innecesario el conocimiento de la estructura interna de la Administración General del Estado para acceder a los servicios requeridos.

Dentro de esta línea se establecen seis medidas:

    * Consolidar la Red 060. Red multicanal (oficinas, teléfono e Internet) de acceso a información o tramitación de los servicios públicos de cualquier administración. El Plan establece que, a principios de 2010, la Red habrá incorporado nuevos canales de acceso a los servicios (TDT), las oficinas de atención de las Delegaciones y Subdelegaciones estarán integradas en ella y que en la página web 060.es estarán disponibles los servicios online de todas las Comunidades Autónomas, entre otros compromisos.
    * Poner en marcha de ventanillas únicas sectoriales, esto es, puntos de acceso que permitan la realización completa de trámites y procedimientos en sectores de actividad específicos.
    * Conseguir que todos los ciudadanos se beneficien de la existencia del acceso electrónico a los servicios públicos, prestando especial atención a la lucha contra la brecha digital en el acceso a dichos servicios, a la promoción de la accesibilidad y al diseño para todos. Además, se garantizará la libertad de elección tecnológica de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración General del Estado.
    * Aumentar el grado de participación de la ciudadanía en la vida pública y avanzar en el diseño conjunto de los servicios públicos para que éstos respondan a las necesidades reales de sus destinatarios.
    * Establecer sedes electrónicas para permitir a los ciudadanos el acceso a informaciones, servicios y transacciones de utilidad en sus relaciones con la Administración, respetando los principios de accesibilidad y usabilidad.
    * Garantizar que los destinatarios de los servicios accesibles electrónicamente conozcan la existencia de dichos servicios, así como la forma de acceso a los mismos.

2.- Adecuar los procedimientos administrativos a la Ley. Todos los servicios públicos y trámites administrativos deberán ser accesibles electrónicamente a partir de 2010, con los requisitos que establece la Ley: información, descarga y envío de formularios cumplimentados, pago telemático y finalización del procedimiento sin requerir la personalización del ciudadano en dependencias públicas. En el diseño de estos servicios se llevará a cabo la simplificación de los trámites administrativos necesarios para reducir su carga administrativa.

De los más de 2.500 procedimientos existentes actualmente en la Administración General del Estado, casi el 80 por 100 de todas las interacciones entre ciudadanos y admnistración se producen a través de poco más de 160 procedimientos. Con el objetivo de conseguir que todos estos procedimientos estén accesibles electrónicamente en el plazo más breve posible, el Plan establece tres medidas:

    * Mantener actualizada la relación de procedimientos ya adaptados, que se hará pública en la página www.060.es y se revisará permanentemente.
    * Establecer un calendario para adaptar aquellos que aún no lo están, que concluirá a finales de 2009. La adaptación se realizará en función del impacto de cada servicio. Es decir, aquellos que sean más utilizados se adaptarán primero.
    * Crear una serie de servicios de soporte técnico para apoyar a las administraciones a la adaptación de sus servicios.

3.- Crear, potenciar y compartir infraestructuras y servicios comunes. Se pondrá a disposición de todos los organismos infraestructuras y servicios comunes que faciliten el desarrollo de las soluciones informáticas necesarias, garanticen la interoperabilidad y reduzcan los costes y tiempos de implantación. Una red de comunicaciones de alta velocidad y fiabilidad facilitará la interconexión de todas las redes de las Administraciones. El uso de estos servicios e infraestructuras es voluntario y basado en acuerdos entre organismos.

Las medidas aprobadas en este ámbito son:

    * Potenciar la infraestructura común de comunicaciones (SARA).
    * Plataforma de validación de certificados digitales y firma electrónica.
    * Identificación y autenticación electrónica de sedes, órganos y empleados públicos.
    * Plataforma modular de tramitación electrónica
    * Plataforma de intermediación de servicios.
    * Archivo electrónico.
    * Sistema de interconexión de registros.
    * Plataforma de asistencia a la traducción.

4.- Una serie de actuaciones horizontales que permitan que los servicios que se implementen en los próximos años cubran las expectativas de los ciudadanos. La calidad de los servicios públicos se conseguirá con el conocimiento de esta tecnología por parte de los funcionarios, el establecimiento de controles de calidad y mediciones, la seguridad y la interoperabilidad, y la profesionalización de los servicios a implantar. Las medidas recogidas para alcanzar este objetivo son:

    * Creación de un Esquema Nacional de Interoperabilidad que comprenderá el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las administraciones públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen su interoperabilidad.
    * Plan de formación de todos los empleados públicos en el conocimiento de la Ley, en administración electrónica y en el uso de las TIC en el seno de las administraciones.
    * Crear una estructura de gestión y seguimiento del plan aprobado.
    * Crear un Centro de Transferencia de Tecnología y mantener un Observatorio de Administración Electrónica.

La administración electrónica en España

La aprobación de la Ley de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos sitúa a España en una posición privilegiada en el ámbito internacional ya que tan sólo otros tres países disfrutan de una norma similar.

Además, España ha dado un salto muy importante en esta materia en los últimos tres años, tal y como se puede constatar en el último estudio de situación de los países de la Unión Europea en el ámbito de la administración electrónica.

El estudio establecía dos indicadores que permiten medir el avance de cada país europeo en todo lo relacionado con el acceso a los servicios públicos a través de Internet: la disponibilidad de servicios públicos online y su grado de accesibilidad. España se situaba entre los diez primeros países de la Unión Europea en el desarrollo de la administración electrónica en ambos indicadores.

El nivel de disponibilidad de los servicios públicos online de España se situó en un 70 por 100, quince puntos porcentuales más que en 2006 y doce puntos por encima de la media europea, que está en el 58 por 100. Este resultado colocó a España en el número 9 del ranking europeo, formado por 31 países, por delante de Estados como Finlandia, Dinamarca, Holanda o Bélgica.

En cuanto al grado de sofisticación y accesibilidad, España registró una puntuación de 84 sobre 100, doce puntos por encima de la media de la Unión Europea (76). Esta calificación hizo que nuestro país se situase en décima posición en el ranking de este indicador.

Consejo de Ministros