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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que contiene un amplio conjunto de actuaciones para fomentar de forma inmediata la protección social de los ciudadanos, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el apoyo a los emprendedores.

Se trata de medidas que vienen a apoyar a quienes se encuentran en una situación más difícil sin cuestionar la solvencia y fiabilidad de nuestro sistema hipotecario y que, además, distinguen adecuadamente entre la situación subjetiva de los deudores, aplicándose a quienes se encuentran en posiciones de necesidad.

El primero de los Decreto-Ley incluye dos medidas de apoyo a las personas con deudas hipotecarias en situaciones difíciles:

    * Se incrementa la cuantía de los ingresos inembargables cuando, una vez ejecutada la hipoteca y vendido el bien, queda todavía un saldo vivo de deuda. Si hasta ahora la cuantía inembargable se limitaba al salario mínimo interprofesional (SMI), más un 10% en el caso de estos deudores, ahora esa cuantía se elevará hasta el 150% del SMI. Es decir, de poco más de 700 euros hasta 960 euros.

           Además, si existen otros familiares (miembros de la familia nuclear) sin ingresos, o con ingresos inferiores al SMI, esa cuantía se eleva en un 30% adicional por cada uno de esos familiares. Así quien tenga a cargo dos miembros de su familia nuclear sin ingresos propios verá elevado el límite de inembargabilidad hasta 1.350 euros.

     * En segundo lugar, se adoptan dos reformas para garantizar que la subasta del bien hipotecado no dará lugar a situaciones abusivas ni al malbaratamiento del bien. En primer lugar, se facilita el acceso de más compradores a esa subasta, mediante la disminución de la cuantía del depósito previo; y, en segundo lugar, se eleva el límite mínimo por el que el acreedor puede adjudicarse el bien del 50% actual al 60%, y se elimina la posibilidad actual de que en determinados casos el acreedor pudiera adjudicarse el bien incluso por debajo de esos límites.

 Medidas para impulsar la actividad económica

 El Decreto-Ley introduce también una serie de medidas destinadas a impulsar la actividad económica y, especialmente, la inversión en nuevos proyectos empresariales. Destacan dos:

     * La previsión de un mecanismo que significará que los proveedores de las administraciones públicas, y especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes), puedan recibir de modo inmediato el pago de una parte muy relevante de las deudas que con ellos mantienen las entidades locales. El Decreto-Ley adopta las reformas necesarias para que el ICO pueda destinar recursos al pago de las obligaciones contraídas y no satisfechas por las entidades locales, generando a cambio un crédito del ICO frente a éstas, que deberán devolver en un máximo de tres años y que tendrá por garantía la participación de la entidad concreta en los tributos del Estado. Las operaciones tendrán un límite máximo del 25 % del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en tributos del Estado del año 2011.

          De este modo, el Gobierno atiende la difícil situación en la que se encuentran tanto los proveedores como las propias entidades locales en estos momentos de especial dificultad.

     * Como medida dirigida específicamente a impulsar nuevos proyectos empresariales, y especialmente iniciativas innovadoras que favorezcan el cambio de modelo productivo, el Gobierno ha aprobado un tratamiento fiscal ventajoso en el IRPF para las plusvalías obtenidas por los inversores que se impliquen a medio plazo en la creación e impulso de esos proyectos, sin participar en la dirección y gestión de las sociedades resultantes. La inversión máxima anual será de 25.000 euros y las plusvalías resultantes estarán exentas.

Control de gasto estatal, local y autonómico

 El Gobierno ha asumido el compromiso europeo de determinar una regla de evolución del gasto público que garantice su vinculación a la propia evolución de la economía.

 Con ese fin, el Decreto-Ley modifica la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y fija un tope máximo al incremento anual del gasto del Estado y de las principales entidades locales.

 Ese tope se deriva de la evolución del PIB nacional en los cinco años anteriores y de las previsiones de evolución en los tres siguientes. El Gobierno propondrá una iniciativa análoga a las Comunidades Autónomas en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

 Junto a estos elementos anunciados por el presidente del Gobierno, el Decreto-Ley incluye el cumplimiento del mandato de la Ley de Economía Sostenible que exigía una revisión de las reglas de silencio administrativo, transformando en silencio positivo todos aquellos silencios negativos que no estuviesen justificados